“Un territorio de béisbol es un pedazo geográfico con un radio de 90 millas a la redonda medido desde el home plate. Dentro de ese territorio tienes un derecho exclusivo de operar un equipo profesional de béisbol. Fuera de él no.”

— The Battered Bastards of Baseball (Documental de Netflix, 2014)

El negocio de Major League Baseball es un espectáculo que depende de victorias que lleven a un campeonato, y un nivel de competencia que haga ese campeonato digno de orgullo para los fanáticos. Una sin la otra no basta para que el fanático dirija su atención y su dinero.

El problema es que las victorias dependen de talento, y el talento es limitado. Los equipos con mayores recursos pueden captar a los mejores jugadores, lo que desequilibra la competencia, y un campeonato sin competencia real no vale mucho como espectáculo.

MLB resolvió esta tensión con una herramienta radical: convirtió cada equipo en un monopolio geográfico. Un territorio exclusivo de 90 millas a la redonda donde nadie más puede operar béisbol profesional. La exclusividad garantiza que cada propietario pueda gastar en talento y capturar para sí los beneficios de esa inversión, sin riesgo de que un competidor en su mismo mercado le dispute la audiencia.

Lo que eso significa es que un territorio de béisbol tiene valor en sí mismo, siempre que quien lo opere pueda brindar un buen espectáculo. Y en 1973, cuando la ciudad de Portland perdió a su equipo de béisbol, un actor californiano llamado Bing Russell vio una oportunidad que MLB ignoró, adquiriendo un pedazo geográfico de 90 millas por la insignificante suma de 500 dólares.1

Russell no era cualquier actor con nostalgia. Había crecido en los años treinta como mascota informal de los New York Yankees en los campos de entrenamiento, donde forjó una gran amistad con grandes del deporte como fueron Lou Gehrig y Lefty Gómez. Conocía el negocio desde adentro y a la vez sabía cómo montar un show para los fanáticos.

Para armar el equipo, colocó un anuncio en el periódico para tryouts abiertos. Trescientos jugadores hicieron fila, entre los que había rechazados, retirados, hasta un catcher zurdo, algo que es una completa anomalía en el béisbol. De este grupo de inadaptados beisboleros nacieron los Portland Mavericks, el único equipo independiente del béisbol profesional organizado en todo el país, sin afiliación a ningún club de Grandes Ligas y sin dinero corporativo.

El éxito del equipo no se hizo esperar. Para el final de la segunda temporada, Russell había sido nombrado Ejecutivo del Año.2 En cuatro años, los Mavericks rompieron récords de asistencia en ligas menores promediando más de 120,000 fanáticos por temporada y sumando cuatro títulos de división en cinco años.3 Todo en una ciudad que MLB había declarado un desierto beisbolero.

Pero Russell estaba a punto de recibir dos lecciones importantes del negocio del béisbol. La primera, sobre quién controla los territorios; la segunda, sobre cuánto vale ese derecho.

Mi territorio, mis reglas

Para entender por qué los Mavericks eran una anomalía, y por qué MLB tenía el poder de decidir su destino, hay que retroceder a 1882 al hombre más rico de su época.

John D. Rockefeller creó el Fideicomiso Standard Oil: un mecanismo donde los accionistas de cuarenta compañías petroleras transferían sus acciones a nueve fideicomisarios que controlaban todo. Standard Oil llegó a dominar el 90% de la refinación de petróleo en Estados Unidos.4 Fijaba precios, eliminaba competidores mediante guerras de precios locales, y negociaba rebajas secretas con los ferrocarriles para estrangular a cualquier rival.

La reacción pública contra este fideicomiso llevó al Congreso de los Estados Unidos a aprobar el Sherman Antitrust Act el 2 de julio de 1890.5 Su principio era simple: todo contrato o combinación que restrinja el comercio interestatal es un monopolio, y por tanto ilegal. En 1911, la Suprema Corte de Justicia norteamericana usó el Sherman Act para ordenar la disolución de Standard Oil en 34 compañías separadas.6 En pocas palabras el Sherman Act era una ley que existía para que ninguna entidad privada pudiera controlar un mercado entero, o fijar precios a voluntad.

MLB enfrentó su primera prueba del Sherman Act en mayo de 1922, en el caso Federal Baseball Club of Baltimore v. National League.7 Los dueños de los Baltimore Terrapins, un club de la extinta Federal League, demandaron a la MLB por conspiración para monopolizar el béisbol. En primera instancia ganaron, pero la Corte de Apelaciones revirtió el fallo a favor de MLB, y cuando el caso llegó a la Suprema Corte, el juez Oliver Wendell Holmes confirmó esa reversión por unanimidad. Su razonamiento fue cuestionable pero directo: el béisbol profesional no constituye comercio interestatal y por lo tanto no está sujeto al Sherman Act.

La decisión era dudosa incluso en 1922. En 1953, la Suprema Corte tuvo la oportunidad de revertirla en Toolson v. New York Yankees y no lo hizo.8 En 1972, en Flood v. Kuhn, la Corte reconoció que el béisbol sí era comercio interestatal, llamando al precedente “anómalo”, pero aun así se negó a revertirlo.9 Más adelante en 1998, el Curt Flood Act eliminó la exención, pero solo lo hizo para las relaciones laborales de los equipos con los jugadores.10 Todo lo demás, incluyendo la exclusividad sobre territorios, quedó intacto.

El resultado es que MLB es la única liga deportiva profesional en EE.UU. con una exención antimonopolio general. Por ejemplo la NFL ha enfrentado al menos catorce ligas rivales desde 1922, mientras que MLB no ha enfrentado ninguna de importancia desde que la Federal League murió en 1915.11

Nada personal; es solo negocios

Para Russell, un forastero que había relanzado una ciudad sin béisbol, esa exención de antimonopolio pondría en peligro su afortunada inversión. Y es que no importaba que llenara el estadio, que rompiera récords, o que los fanáticos de Portland lo adoraran. Nada de eso quitaba el hecho de que los derechos territoriales que compró por 500 dólares existían dentro de un sistema donde la MLB podía reclamar el territorio en cualquier momento para un equipo afiliado. Y sin el Sherman Act para protegerlo, Russell no tenía recurso legal para impedirlo.

Después de la temporada de 1977, eso fue exactamente lo que pasó. La Pacific Coast League (PCL) decidió reinstalar un equipo afiliado en Portland. MLB se había percatado del éxito de Russell, viendo que Portland sí podía sostener un equipo de béisbol profesional. Ahora que alguien más lo había probado con su dinero y su riesgo, la liga quería el territorio de vuelta.

Russell no podía impedir que le quitaran el equipo. Pero sí podía dar la batalla en una cosa: el precio de su salida.

Una oferta que no podrá rechazar

La PCL ofreció a Russell la suma de 26,000 dólares por los derechos de los Mavericks, una suma que representaba cinco veces la compensación estándar por un territorio de liga menor. Russell fue enfático en su respuesta: “deben poner un cero entre el dos y el seis si quieren que los escuche”.12

En vista de que la PCL no parecía reaccionar a la solicitud de Russell, este inició un procedimiento de arbitraje ante la National Association of Professional Baseball Leagues. La pregunta que el árbitro tenía que resolver era, en esencia, la misma que se resuelve en cualquier disputa de valoración judicial. ¿Cuánto vale este territorio?

Para la liga, el número no había cambiado, 26,000 dólares era más que generoso y era el estándar histórico ajustado. Para Russell el número se quedaba corto; debían ser 206,000 dólares. La diferencia entre ambos números era una diferencia de método de valoración. La liga valoraba el territorio por lo que históricamente se había pagado por territorios similares; un enfoque de comparables. Russell valoraba el territorio por lo que él había demostrado que podía producir; un enfoque basado en los flujos futuros que él mismo había creado.

El argumento de Russell se resumía en “no me digas cuánto valía esto antes de que yo llegara, dime cuánto vale ahora”. El valor no estaba en la tierra ni en el estadio ni en los contratos de jugadores. El valor estaba en la demanda demostrada en una ciudad que pagaba por ver béisbol.

Al final, el árbitro le dio la razón a Russell, y con ello el pago más alto en la historia del béisbol por un territorio de liga menor.13 Russell ganó la valoración. Pero perdió lo que importaba. Los Mavericks dejaron de existir.

Si no los puedes vencer, únete a ellos

La ironía de toda esta historia es que hoy existe un equipo como el de Russell, independiente y lleno de peloteros inadaptados, y no solo sobrevive sino que prospera. Los Savannah Bananas, fundados en 2016 por Jesse Cole, juegan “Banana Ball” en una gira que en 2025 pasó por 18 estadios de Grandes Ligas y atrajo más de dos millones de fanáticos. A la fecha están valuados en 500 millones de dólares.14

La diferencia es que Cole nunca intentó competir dentro del sistema. No juega en ninguna liga organizada, no disputa campeonatos contra equipos afiliados, no amenaza la pirámide. Los Bananas alquilan los estadios de MLB cuando los equipos no los usan y la MLB cobra por eso. Son los Harlem Globetrotters del béisbol y coexisten felizmente con el monopolio porque no lo amenaza.

Russell demostró que podías ganar dentro del sistema sin el sistema. Eso era peligroso. Cole demuestra que puedes ganar al lado del sistema sin tocarlo. Eso es útil. El monopolio solo aplasta a quien intenta jugar su juego sin su permiso.

En 2020, MLB eliminó 42 equipos de ligas menores, reduciendo el sistema afiliado en un 26%.15 Pudieron hacerlo porque la exención antimonopolio los protege de cualquier reclamo. Al menos eso les aseguró el juez Holmes en 1922.

Bing Russell pagó 500 dólares por un territorio de béisbol: un pedazo geográfico con un radio de 90 millas medido desde el home plate. Cuando se lo quitaron, fue al único foro que tenía disponible y demostró que lo que había construido valía mucho más de lo que el monopolio quería pagarle. Ganó la batalla del precio. Perdió la guerra por el equipo. Para bien o para mal, así es el negocio del béisbol.

1

Beth Collier, "Bing Russell and the Mavericks of Baseball" (Substack). Russell pagó $500 por los derechos territoriales de béisbol en Portland tras la salida de los Beavers de la Pacific Coast League.

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Bing Russell and the Mavericks of Baseball

It’s summertime — and when I think of summer, I suddenly want to drink a glass of lemonade, stop by Dairy Queen for ice cream, and watch a baseball game…

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3 years ago · 3 likes · Beth Collier

"Predicción, s. Dícese del arte de dar cuenta de lo que va a pasar, ya sea a través de la observación, la experiencia o la suerte. La forma más común de predicción consiste en extrapolar elegantemente lo que ya ocurrió."

— The Devil’s Financial Dictionary

En la primavera de 1967, ALCOA y Essex Group se sentaron a negociar un acuerdo que, sobre el papel, no tenía mayor complicación. Essex suministraría alúmina a la planta de ALCOA, esta la convertiría en aluminio fundido, y Essex lo recogería para procesarlo. Sería un contrato con duración de dieciséis años, con opción de Essex para extenderlo a veintiuno1.

Pero dieciséis años es mucho tiempo. Digamos que suficiente para que lo sencillo se convierta en catastrófico. Y en el caso de ALCOA, la sencillez escondía un campo susceptible de estar minado: las cláusulas de indexación.

Las cláusulas de indexación son mecanismos que vinculan el precio de una obligación a uno o más índices de referencia, de manera que el valor pactado se ajuste conforme cambian las condiciones del mercado. Son el equivalente contractual de un seguro contra la inflación. O al menos eso pretenden ser.

Cualquier abogado que haya redactado una cláusula de estas sabe que la parte difícil no es decidir indexar, sino decidir a qué indexar. El índice equivocado puede ser peor que no indexar en lo absoluto, porque crea la ilusión de protección donde no la hay. Y cuando los costos del servicio dependen de varios insumos que se mueven de forma independiente, elegir un índice general es como ponerle una sola cerradura a una puerta con múltiples bisagras.

Cuando el mejor economista del país te ayuda a diseñar la cláusula

La compleja labor de diseñar la fórmula de indexación de ALCOA recayó en un consultor de nombre Alan Greenspan2. Si el nombre les es sonoro, es porque Greenspan después presidiría la Reserva Federal de Estados Unidos por dieciocho años.

Para 1967, ya Greenspan era un reputado experto en índices económicos y análisis de datos industriales. El tipo de persona que contratas precisamente para que este tipo de cosas no salgan mal.

Greenspan examinó los datos históricos disponibles y construyó una fórmula con tres componentes separados, cada uno atado a un índice distinto. Justamente para asegurar que todas las bisagras de los costos cerraran.

La lógica era impecable. Greenspan había verificado que los índices no se habían desviado significativamente de la experiencia real de costos de ALCOA en los años previos. Essex, por su parte, revisó los mismos datos y llegó a la misma conclusión. Ambas partes confiaron en que la cláusula haría lo que se suponía que debía hacer: servir de espejo razonable de los costos reales3.

El contrato se firmó el 26 de diciembre de 1967. El campo minado mantendría su calma por seis años.

Cuando el espejo deja de reflejar

En octubre de 1973, la OPEP impuso su embargo petrolero y el mundo cambió. El precio del petróleo se cuadruplicó en cuestión de meses, arrastrando consigo el costo de la electricidad, que era el insumo dominante dentro de los costos de producción no laborales de ALCOA.

Aquí es donde la fórmula de Greenspan reveló su punto ciego. El componente de costos no laborales estaba atado al Wholesale Price Index-Industrial Commodities (WPI-IC), un índice que mide la variación promedio de precios de una canasta amplia de mercancías industriales. Cuando la electricidad se disparó mientras otros componentes de esa canasta se movían con relativa moderación, el índice recogió un promedio que no reflejaba lo que realmente le estaba pasando a ALCOA. Es lo que en economía se conoce como riesgo de precios relativos (basis risk): la cláusula de indexación te protege contra la inflación general, pero no contra cambios drásticos en los precios de un insumo específico.

Para 1979, la divergencia era brutal. Los costos no laborales reales de ALCOA habían aumentado un 574% respecto a la base de 1967. El índice escogido por Greenspan, en cambio, solo había subido un 109%4. ALCOA estaba perdiendo más de diez centavos por cada libra de aluminio convertido, y convertía decenas de millones de libras al año. La proyección de pérdidas hasta el vencimiento del contrato ascendía a unos setenta y cinco millones de dólares5.

Hoy por mí, mañana también por mí

Mientras ALCOA sangraba, Essex había descubierto un negocio inesperado. Gracias al diferencial entre el precio contractual deprimido y el precio de mercado del aluminio, Essex podía revender parte del producto a terceros embolsándose la diferencia6. Lo que empezó como un contrato de suministro industrial se había convertido, involuntariamente, en una operación que dejaba grandes ganancias a Essex a costa de ALCOA.

En julio de 1975, el CEO de ALCOA, Krome George, se reunió con Paul O’Malley, presidente de Essex, para discutir el problema. ALCOA alegó después que en esa reunión llegaron a un acuerdo oral para reformar el contrato. Essex lo negó7. Lo que siguió fue inevitable: ALCOA demandó a Essex ante el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Pennsylvania, pidiendo al tribunal que hiciera lo que las partes no pudieron hacer entre sí.

Errare humanum est

El caso cayó en manos del Juez Teitelbaum, quien emitió en 1980 una de las sentencias más discutidas del derecho contractual estadounidense8.

La cuestión central era una de calificación jurídica: ¿la confianza de ambas partes en la idoneidad del WPI-IC constituía un error de hecho, o era simplemente una predicción fallida sobre eventos futuros por la cual el derecho no otorga salvavida alguno?

La distinción no es menor. En la tradición contractual anglosajona, los tribunales han trazado una línea firme entre el error sobre hechos presentes y la mera equivocación sobre lo que vendrá. Los contratos son, entre otras cosas, instrumentos para asignar riesgos. Quien pacta un precio fijo o una fórmula de indexación está, por definición, apostando a que esa fórmula funcionará. Si no funciona, mala suerte.

Para los lectores formados en la tradición civilista, esta rigidez puede resultar familiar. Nuestro artículo 1134 del Código Civil, heredado del Código Napoleónico, consagra el mismo principio con igual contundencia: “las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley para aquellos que las han hecho”9. En el célebre caso del Canal de Craponne de 1876, la Corte de Casación francesa rechazó la revisión de un contrato de riego cuyo precio había quedado absurdamente desactualizado después de trescientos años, estableciendo que “en ningún caso corresponde a los tribunales, por equitativa que pudiera parecer su decisión, tomar en consideración el tiempo y las circunstancias para modificar las convenciones de las partes”10.

Essex argumentaba exactamente esto. Greenspan había apostado por el WPI-IC, apostó mal, y ALCOA debía cargar con las consecuencias. Y es que si cada vez que un contrato resulta desfavorable pudiéramos pedir reforma judicial, ningún acuerdo de largo plazo tendría la menor seguridad.

Teitelbaum no estuvo de acuerdo. A su parecer, lo que ocurrió no fue un error de predicción, sino lo que llamó un “error actuarial presente”11. Ambas partes, al momento de contratar, asumieron que el WPI-IC tenía la capacidad de captar adecuadamente los costos reales de ALCOA. No se equivocaron al predecir el futuro. Se equivocaron sobre una propiedad actual del instrumento que eligieron para medirlo.

La doctrina tradicional ofrece una salida ante un error mutuo de esta magnitud: la nulidad del contrato. El juez Teitelbaum hizo algo distinto: reformó el contrato, diseñando una nueva fórmula de precios con un techo de $0.36 por libra ajustable, que pretendía distribuir equitativamente las ganancias y pérdidas entre ambas partes12.

El juez era consciente de lo atrevido de su decisión. En la propia sentencia reconoció que los ejecutivos de ALCOA y Essex estaban mejor capacitados para manejar sus negocios que un juez federal. Pero agregó que para este caso particular, el tribunal contaba con información retrospectiva muy superior a la que las partes tenían cuando firmaron el contrato13.

Un precedente sin descendencia

El caso fue apelado al Tercer Circuito, pero las partes llegaron a un acuerdo antes de que la corte superior emitiera decisión14. Esto dejó la sentencia de Teitelbaum en un limbo ya que nunca fue confirmada, pero tampoco revertida.

El resultado ha sido históricamente paradójico. La sentencia ha sido citada en más de ochenta decisiones judiciales15 y aparece en prácticamente todos los libros de texto de contratos de las facultades de derecho estadounidenses. Los estudiantes la leen, la debaten, la analizan. Pero otros jueces no la replican.

La doctrina ha sido particularmente severa al respecto. Profesores como Robert Scott y Jody Kraus han utilizado ALCOA como caso central para argumentar en contra de la intervención judicial ex post en contratos comerciales16. Su razonamiento es que cuando dos partes sofisticadas negocian una fórmula de precios con ayuda de los mejores economistas del país, el tribunal no debería sustituir el juicio de las partes con el suyo propio. Si los jueces empiezan a reformar contratos cada vez que una fórmula de indexación falla, el efecto no es proteger a las partes, sino destruir la seguridad jurídica de los contratos de largo plazo.

La postura de los tribunales estadounidenses ha sido consistente con esta crítica. Ni, la Gran Recesión de 2008, ni las disrupciones de la pandemia de 2020 lograron mover a otros jueces a replicar lo que Teitelbaum hizo en ALCOA. Los aumentos de costos, por brutales que sean, rara vez excusan el cumplimiento de un contrato entre partes sofisticadas.

La lección de ALCOA

Este caso nos deja con una reflexión incómoda al momento de redactar contratos de largo plazo: el tiempo es enemigo de lo certero, de las tendencias, de las predicciones. Y no hay cláusula, por sofisticada que sea, que lo domestique.

Greenspan no era un novato. Era probablemente el economista más calificado del país para diseñar los componentes de la cláusula de precios de ALCOA. Y aún así, no pudo precisar una fórmula que pudiera resguardar frente a los embates de cambios económicos adversos.

Y cuando estos cambios ocurren, la pregunta ya no es de fórmulas sino jurídica: ¿debe cargar una parte con pérdidas exorbitantes por haber apostado al índice equivocado? La respuesta de los tribunales estadounidenses, con la solitaria excepción de Teitelbaum, ha sido clara: quien elige el camino, asume sus riesgos, aunque esté minado de ellos.

En el caso de los Estados Unidos de América, el estándar para admitir testimonios periciales quedó establecido en el histórico caso Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals (1993), donde la Corte Suprema interpretó la Regla Federal 702 asignando a los jueces un "papel de guardián". Esta función judicial exige verificar que todo testimonio experto cumpla con dos requisitos fundamentales: relevancia para el caso y fiabilidad metodológica, estableciendo así criterios específicos que guían esta evaluación crítica.

Según esta sentencia, los jueces, antes de aceptar el testimonio de un experto, deben verificar si es confiable revisando:

• Si lo que dice el experto puede comprobarse y ponerse a prueba.

• Si otros expertos han revisado y publicado sobre ese método o teoría.

• Qué tan probable es que el método utilizado cometa errores.

• Si existen reglas claras sobre cómo debe aplicarse ese método.

• Si la mayoría de los expertos de ese campo consideran válido ese método.

Básicamente, se trata de asegurar que el testimonio del experto se base en estudios y métodos con respaldo profesional y no en simples opiniones personales.

En casos históricos como United States v. Microsoft Corp. (2001)1, el testimonio de expertos ha sido instrumental para ayudar al tribunal a comprender las complejidades del mercado de software y los posibles efectos anticompetitivos de las acciones de Microsoft. De manera similar, en un caso más reciente como lo fue Apple Inc. v. Pepper (2019)2, el análisis de expertos fue crucial para evaluar el impacto económico de las políticas de la App Store de Apple en los consumidores.

Los expertos en casos antimonopolio típicamente desempeñan varias funciones, entre las que podemos citar:

• Ayudar a definir el mercado relevante.

• Evaluar el impacto de la supuesta conducta anticompetitiva.

• Desarrollar modelos para estimar el daño financiero causado por la supuesta conducta anticompetitiva.

• Realizar escenarios contrafactuales (también conocidos como "but-for worlds") para ilustrar cómo habría sido el mercado en ausencia de la supuesta conducta anticompetitiva.

La creación de modelos "but-for world" resultó crucial en el caso del NFL Sunday Ticket, pues la decisión del tribunal dependió principalmente de la fiabilidad de estos escenarios hipotéticos presentados por los expertos. Estos modelos muestran cómo habría sido la situación si cierta acción no hubiera ocurrido, permitiendo comparar este mundo hipotético con la realidad actual.

En el caso de NFL Sunday Ticket, los expertos de los demandantes construyeron modelos "but-for world" para demostrar un mercado alternativo de transmisiones de juegos de la NFL sin el acuerdo exclusivo entre la liga y DirecTV. Sus análisis intentaron ilustrar cómo este escenario alternativo habría modificado la estructura de precios para los consumidores y ampliado las opciones disponibles para ver los partidos fuera de mercado, proporcionando así una base comparativa para evaluar el impacto real del acuerdo cuestionado.

Resumen del Caso Antimonopolio del NFL Sunday Ticket

El caso "NFL Sunday Ticket Antitrust Litigation", involucró una disputa entre una clase de suscriptores del NFL Sunday Ticket de DirecTV (“los Demandantes”) contra la National Football League (NFL), sus equipos miembros y DirecTV (los “Demandados”). Los Demandantes alegaron que la NFL y DirecTV habían participado en prácticas anticompetitivas en la distribución de juegos de la NFL fuera de mercado a través del paquete NFL Sunday Ticket.

En su esencia, el caso se centró en si la venta colectiva de los derechos de transmisión de ciertos juegos por parte de la NFL, combinada con el derecho exclusivo de DirecTV de distribuir Sunday Ticket, violaba las leyes antimonopolio al restringir la accesibilidad de estos juegos por otros medios e inflar los precios para los consumidores.

Los Demandantes argumentaron que, en ausencia del acuerdo de la NFL con DirectTV, los equipos individuales de la NFL habrían sido libres de vender sus derechos de transmisión de forma independiente, lo que potencialmente conduciría a más opciones y precios más bajos para los consumidores. Los Demandados, por otro lado, sostuvieron que sus acuerdos eran necesarios para la producción y distribución eficiente del contenido de la NFL.

El Análisis del Tribunal

El tribunal falló a favor de los Demandados al conceder su moción para un juicio sumario3, rechazando así las pretensiones de los Demandantes. Esta decisión se fundamentó esencialmente en la evaluación crítica que hizo el tribunal del testimonio presentado por los expertos de los Demandantes.

Los expertos propuestos por los Demandantes fueron el Dr. Rascher y el Dr. Zona, quienes proporcionaron modelos que intentaban demostrar cómo habría funcionado el mercado en ausencia de los supuestos acuerdos anticompetitivos.

El modelo "but for world" del Dr. Rascher planteaba un escenario hipotético donde, sin el acuerdo de venta colectiva con DirecTV, los partidos de la NFL fuera de mercado habrían estado disponibles gratuitamente en canales abiertos y de cable básico, similar al modelo de transmisión del fútbol colegial universitario. Para calcular los daños, asumió que en este escenario alternativo los consumidores no habrían pagado suma alguna por acceder a estos encuentros deportivos.

El tribunal señaló importantes deficiencias en el modelo del Dr. Rascher. Por un lado determinó que este carecía de una metodología económica sólida y se sustentaba principalmente en suposiciones sin respaldo adecuado. Por otro, que el modelo ignoraba las diferencias sustanciales entre las transmisiones del fútbol universitario y las de la NFL, un factor crucial para cualquier análisis comparativo válido en este contexto.

En cuanto al Dr. Zona, este desarrolló dos modelos "but for world" que ilustraban un mercado sin exclusividad en la distribución de partidos de la NFL. Sus análisis pretendían demostrar cómo la incorporación de distribuidores alternativos para los juegos fuera de mercado modificaría tanto la estructura de precios como los patrones de consumo en la audiencia.

Sin embargo, el tribunal identificó varias fallas fundamentales en los modelos del Dr. Zona:

• Primero, las proyecciones mostraban comportamientos económicamente irracionales, como las de que los consumidores optarían por opciones más caras.

• Segundo, el concepto de servicio "directo al consumidor" carecía de una definición precisa, imposibilitando evaluar la viabilidad de los métodos alternativos propuestos.

• Tercero, los modelos presumían la disponibilidad de servicios de streaming para los partidos de la NFL durante todo el período relevante (2011-2023), sin presentar evidencia suficiente que respaldara esta suposición técnica y comercial.

Basándose en estos problemas, el tribunal excluyó los testimonios del Dr. Rascher y del Dr. Zona bajo la Regla Federal de Evidencia 702, y aplicación de los “Factores Daubert”.

La Decisión del Tribunal y Sus Implicaciones

Con la exclusión del testimonio de los expertos de los Demandantes, el tribunal determinó que no había evidencia suficiente para respaldar un hallazgo de daño o perjuicios causados a estos. Esta decisión subraya varios puntos importantes sobre el papel del testimonio de expertos en casos antimonopolio:

• La importancia de una metodología económica sólida: Las opiniones de los expertos deben basarse en principios y análisis económicos confiables, no en mera especulación o suposiciones no respaldadas.

• La necesidad de modelos claramente definidos: Los expertos deben proporcionar modelos bien definidos y económicamente racionales de escenarios alternativos de mercado cuando alegan daño anticompetitivo.

• El papel crítico de las suposiciones basadas en evidencia: Cualquier suposición hecha en los modelos de expertos debe estar respaldada por evidencia concreta, particularmente cuando se proponen escenarios contrafactuales.

Conclusión

El caso del NFL Sunday Ticket reafirma el papel crítico que juega el testimonio de expertos en los litigios antimonopolio, particularmente en casos que involucran valoración y cálculos de daños. Por igual, sirve como un recordatorio de que, si bien el testimonio de expertos es esencial para ayudar a los tribunales y jurados a comprender problemas económicos complejos, debe cumplir con altos estándares de confiabilidad y relevancia.

A pesar de las dificultades financieras que enfrentaba, su fallecimiento provocó un auge en las ventas de sus álbumes mientras el público rememoraba su obra. Sus fanáticos redescubrieron el genio y la herencia artística del "Rey del Pop", lo que desencadenó un renacimiento póstumo de su fama y un notable incremento en el valor de sus bienes y derechos de autor.

El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) también recordó lo querido que había sido Michael Jackson y cuestionó la valoración presentada en la declaración del impuesto sucesoral, procediendo para ello con una auditoría. Al concluir la misma, surgió un desacuerdo significativo entre los representantes del patrimonio y el IRS debido a las enormes discrepancias de valoración entre ambas partes.

Dado que ninguna de ellas estaba dispuesta a transigir en sus estimaciones, el conflicto se elevó al Tribunal Fiscal de Estados Unidos. En este artículo, analizaremos los pormenores de la controversia de valoración entre el patrimonio de Michael Jackson y el IRS, así como el fundamento del tribunal para emitir su fallo.

Impuesto Sobre Patrimonio Hereditario

El impuesto sucesoral o impuesto sobre el patrimonio hereditario es un tributo que grava la transferencia de bienes del fallecido a sus herederos.2 Al presentarse su declaración, pueden surgir discrepancias en la valoración que deriven en un litigio.

Para determinar la base imponible del impuesto sucesoral, se emplea usualmente el valor justo de mercado de los activos (fair market value), y no su costo histórico. Según las normativas del Tesoro de los Estados Unidos, el valor justo de mercado se define como el precio que alcanzaría la propiedad en una transacción entre un comprador y un vendedor dispuestos, sin presiones externas.3

Para calcular el valor final de un patrimonio para fines de impuesto sucesoral, se deben sumar todos los activos en propiedad. Luego esta cantidad se reduce mediante deducciones por cualquier tipo de deuda para obtener el monto del patrimonio neto.

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Antecedentes del Caso.

El caso “Estate of Jackson v. Commissioner of Internal Revenue” fue una disputa entre el patrimonio de Michael Jackson y el IRS sobre la valoración de los activos de Jackson con fines del pago del impuesto sucesoral (“estate tax” en inglés).4

Las principales discrepancias de valoración se centraron (i) en los derechos de imagen y semejanza del artista, (ii) en el catálogo musical de Sony/ATV del cual Jackson era parcialmente dueño y que incluía varios éxitos propios y de los Beatles (agrupados bajo el fideicomiso New Horizon II) y (iii) en un segundo catálogo musical que incluía tanto canciones propias como colaboraciones (agrupados bajo el fideicomiso New Horizon III).

El posible detonante de la divergencias en valoración entre el patrimonio de Jackson y el IRS puede haber sido la excelente labor de los albaceas del patrimonio de Michael Jackson, John Branca y John McClain, quienes tomaron múltiples decisiones comerciales exitosas que aumentaron considerablemente el patrimonio del artista.

La primera de esas decisiones fue la de asociarse con la compañía de entretenimiento canadiense Cirque du Soleil para la creación de una serie de espectáculos enfocados en Michael Jackson llegando a generar casi US$380 millones en solo dos años. En adición, los albaceas lograron vender el activo más valioso del patrimonio correspondiente al catálogo musical de Sony/ATV por un monto de US$750 millones.

Se calcula que, en total, los albaceas de Michael Jackson generaron unos US$4 mil millones en ingresos desde el deceso del Rey del Pop, mediante alianzas estratégicas, explotación de imagen y lanzamiento de álbumes póstumos.5

Valoración del Patrimonio de Michael Jackson presentado en la Declaración

Para la valoración de los derechos de imagen y semejanza, el patrimonio de Jackson se auxilió de la firma contable, Moss Adams, la cual empleó el enfoque de ingresos para su valoración. Este método, también conocido como método de capitalización de ingresos, funciona convirtiendo los beneficios esperados, como flujos de caja, en un valor específico.

Durante el proceso de valoración de los derechos de imagen y semejanza, la firma se basó principalmente en factores externos, como el índice Davie-Brown y los ingresos netos que Michael Jackson obtuvo de su imagen y semejanza en los años inmediatamente anteriores a su muerte. El índice Davie-Brown, frecuentemente citado como referencia en la percepción de la reputación pública, mostraba a Jackson como una celebridad sumamente reconocible, pero no considerada confiable.

La falta de confiabilidad es un aspecto significativo en la generación de ingresos por imagen y semejanza, ya que se cree que la confiabilidad de una celebridad tiene una relación directa con los acuerdos de licencia y marca. Una muestra de ello es que, a pesar del amplio reconocimiento público de Michael Jackson, en los tres años previos a su muerte no generó ningún ingreso por estos derechos. Es por ello que Moss Adams valoró los derechos de imagen y semejanza de Jackson en un total de US$2,105 en su declaración del impuesto sucesoral.

El segundo activo involucrado en el litigio con el IRS fue el fideicomiso New Horizon II, que poseía una participación en el catálogo musical Sony/ATV. Para valorar este fideicomiso, el patrimonio se basó principalmente en el método de ingresos, mediante el cual primero se evaluó a Sony como un todo y luego se calculó el interés de Michael Jackson en la compañía a través de su participación en el catálogo.

Tras determinar que el catálogo Sony/ATV valía aproximadamente $508 millones, este monto se redujo debido a la falta de control en su comerciabilidad, derivada del control compartido con Sony que tenía el artista, arrojando un valor de US$165 millones. Para obtener el valor neto del catálogo, los declarantes del patrimonio de Michael Jackson restaron los pasivos relacionados al fideicomiso, que ascendían a US$305 millones, culminando en un valor negativo de US$140 millones. Dado este valor negativo, en la declaración se colocó como valor del fideicomiso New Horizon II la suma de US$0.

El tercer activo significativo valorado fue el fideicomiso New Horizon Trust III, que contenía un interés en Mijac Music, un catálogo de publicación musical con derechos de autor de composiciones de Jackson y otros artistas. Este fideicomiso fue el más complejo de valorar debido a sus diversas fuentes de ingresos.

Para su valoración, el patrimonio contrató nuevamente a la firma contable Moss Adams, que utilizó un análisis de Flujo de Caja Descontado (FCD). Este método estima el valor de un activo basándose en sus flujos de efectivo futuros esperados, descontados al valor presente utilizando una tasa de descuento. Tras aplicar el método FCD a la extensa lista de grupos y fuentes que componen el New Horizon Trust III, Moss Adams calculó el valor del fideicomiso en aproximadamente US$2.2 millones.

Valoración del Patrimonio de Michael Jackson por el IRS

Conforme a lo descrito anteriormente, la parte del patrimonio en disputa de Michael Jackson fue valorado por sus administradores en menos de US$3 millones. Como era de esperar, el IRS no estuvo de acuerdo.

Así, tras la presentación de la declaración de impuestos sobre el patrimonio, el IRS acusó al patrimonio de Jackson de una deficiencia fiscal por un monto de US$702 millones. La mayor parte de esta discrepancia fiscal resultó de opiniones divergentes respecto a: (1) el valor de los derechos de imagen y semejanza de Michael Jackson, que el patrimonio valoró en US$2,105 y el IRS valoró en US$434 millones ; (2) el valor del fideicomiso New Horizon II, que el patrimonio valoró en US$0 y el IRS valoró en US$469 millones; y (3) el valor del fideicomiso New Horizon III, que el patrimonio valoró en US$2.2 millones y el IRS valoró en US$58 millones.

Al valorar los derechos de imagen y semejanza, el IRS utilizó el enfoque de los ingresos, como lo hizo el patrimonio de Michael Jackson, pero utilizó cifras muy diferentes tanto para la tasa de descuento como para los flujos de ingresos futuros proyectados. Además, al valorar el fideicomiso New Horizon II, el IRS utilizó tanto el método de ingresos como el de mercado, en lugar del método de ingresos que había utilizado el patrimonio de Jackson. Por último, si bien ambas partes utilizaron un análisis FCD al analizar el fideicomiso New Horizon III, las partes no estuvieron de acuerdo sobre el impacto de los intereses posteriores a la muerte en el fideicomiso y su catálogo de música.

Ponderación del Caso

Sin duda alguna, las enormes diferencias de valoración entre estos tres activos eran irreconciliables, y dado que el IRS exigía 500 millones de dólares en impuestos no pagados y 200 millones de dólares en penalidades, era ineludible que esta disputa terminará siendo sometida a litigio. El caso, que comenzó en 2013 y concluyó en mayo de 2021, giró en torno al testimonio de peritos convocados por cada una de las partes para ayudar al tribunal a comprender la correcta valoración de cada uno de los bienes del patrimonio.

En esta batalla de expertos, el patrimonio de Jackson dependió de múltiples expertos de varias firmas de contabilidad. El IRS se basó en un solo experto, de nombre Weston Anson. En casos tributarios como este, el conocimiento y la credibilidad de los peritos son extremadamente importantes porque los peritos tienen la responsabilidad exclusiva de defender su valoración final y proporcionar testimonio persuasivo sobre los métodos utilizados para calcular ese valor.

Dado que el resultado de los casos depende tanto del testimonio de los expertos, cualquier error por parte de estos puede tener un efecto condenatorio en todo el resto del caso. Esto es exactamente lo que le pasó al IRS en el caso del patrimonio de Jackson.

La credibilidad del único perito del IRS fue cuestionada cuando cometió perjurio en su testimonio ante el tribunal. Específicamente, los problemas de credibilidad del experto surgieron al cuestionarle si él o su empresa habían trabajado alguna vez para el IRS, a lo que había respondido que no, pero que terminó siendo falso.

El tribunal determinó que el perito había cometido perjurio y podría haber optado por anular todo el testimonio del perito. Sin embargo, en lugar de dejar al IRS sin un experto, el tribunal decidió permitir que el testimonio permaneciera registrado, pero lo descartó en gran medida al darle menos peso del que normalmente tendría el tribunal.

Decisión del Tribunal.

En primer lugar, el tribunal determinó que su apreciación de valoración de los derechos de imagen y semejanza de Jackson se acercaban más a lo determinado por el patrimonio (US$2,105) que con la valoración realizada por el IRS (US$434 millones). En su opinión, el juez valoró estos derechos en US$4.1 millones, inclinándose más a los argumentos de valoración del patrimonio porque proporcionaba un valor representativo más preciso de la imagen y semejanza de Jackson al momento de su muerte.

Al resumir su decisión, el tribunal razonó que la valoración del patrimonio en cuanto a los derechos de imagen y semejanza era más realista porque contabilizaba los gastos de rehabilitación de la imagen de Michael Jackson y utilizaba la tasa de descuento del valor presente adecuada. Además expresó que el experto del IRS había incluido incorrectamente activos que estaban expresamente excluidos de la protección de imagen y semejanza según la ley de California.

Como segunda medida, el tribunal dictaminó que la valoración de $0 del patrimonio del New Horizon Trust II era más precisa que los $479 millones arrojados por la valoración del IRS. Los problemas del tribunal con la valoración del IRS se derivaron principalmente de la caracterización inadecuada del experto del IRS del catálogo de música de Sony/ATV. Específicamente, el tribunal declaró que Anson valoró mal el catálogo de Sony/ATV porque trató a Sony/ATV simplemente como un catálogo, en lugar de tratarla como una editorial musical en funcionamiento.

En su fallo, el tribunal calculó que el valor bruto del patrimonio en el fideicomiso New Horizon II era de US$227 millones, pero añadiendo que el fideicomiso había sido sobrecargado excesivamente con más de US$315 millones de deudas. Por lo tanto, debido a que los acreedores de este fideicomiso tendrían derecho a las ganancias de la venta del fideicomiso, el tribunal razonó que este no tenía valor para el patrimonio de Jackson y estaba correctamente valorado en $0 en la declaración del impuesto sucesoral.

Por último, el tribunal se refirió al valor del fideicomiso New Horizon III. Dado que este fideicomiso era el activo más difícil de valorar, el tribunal dedicó gran parte de su tiempo a discutir los cálculos detrás de cada una de las valoraciones presentadas por las partes. En su opinión, el tribunal razonó que ambas partes utilizaron el análisis FCD adecuado al valorar el fideicomiso; pero, debido a que las proyecciones del experto del IRS parecían ser las más razonables, el tribunal falló a favor de esta institución.

Específicamente, basándose en las cifras y el testimonio proporcionado por el experto del IRS, el tribunal consideró que la tasa de crecimiento de los derechos de autor y las proyecciones estimadas de aumento de intereses fijadas por dicho experto eran más precisas que las cifras proporcionadas por el patrimonio de Jackson. Con estas estimaciones en mente, el tribunal concluyó que el fideicomiso New Horizon III valía US$107 millones, casi el doble de la valoración inicial del IRS.

Si bien la decisión del tribunal aumentó la obligación tributaria del patrimonio de Michael Jackson, el aumento no se acercó en absoluto a la cantidad que esperaba el IRS. Además, para agravar aún más la derrota del IRS, el tribunal también decidió anular los casi US$200 millones en sanciones que el IRS había impuesto contra el patrimonio porque el tribunal concluyó que las sanciones fiscales contra el patrimonio de Jackson no fueron razonables.

Por lo tanto, con la mayoría de las valoraciones de los activos muy reducidas y todas las posibles penalidades eliminadas, la decisión fue una gran victoria tanto para el patrimonio de Jackson como para la familia de Michael Jackson. Al final, a pesar de que la mayoría del caso giró en torno a la valoración de los activos de Michael Jackson, este caso nos proporciona una regla extremadamente importante que puede ayudar a resolver disputas sobre impuestos sucesorales: el valor del patrimonio bruto para este tipo de impuestos lo es el valor de los bienes en el momento de la muerte de la persona, y no el valor que se produzca por acciones posteriores a dicha muerte.

El esposo consideró que el tribunal de primera instancia había cometido un error al incluir los ingresos futuros de su práctica médica en los bienes a dividir, argumentando que estos ingresos provienen de la explotación de un fondo de comercio personal y no de un fondo de comercio empresarial. Por esta razón, llevó su reclamo hasta la Corte Suprema de Indiana buscando la exclusión del fondo marital del monto atribuido a la práctica médica.

Definición y distinción entre diferentes tipos de fondos de comercio.

En términos simples, el fondo de comercio o “goodwill” es el conjunto de atributos intangibles de un negocio que motiva a los clientes a elegir sus servicios o productos. Estos atributos pueden tomar diversas características, pero pueden resumirse en aquellos que contribuyen a la buena reputación y fuertes relaciones comerciales con proveedores y clientes.

Dentro de los atributos que componen el fondo de comercio de un negocio, están factores que pueden ser puramente empresariales, como lo sería la locación del negocio, acuerdos con referidores, el buen servicio brindado a través del tiempo a clientes y el diseño e implementación de ciertas prácticas. Pero en el contexto de una práctica profesional, se agregan factores personales como lo sería la habilidad, formación y reputación de una persona clave en el negocio que harían que el negocio redujera sus beneficios en caso de esa persona ausentarse.

En el caso de Yoon vs. Yoon, el esposo argumenta que su práctica médica genera ingresos en gran parte en base a su reputación y habilidad personal, y por tanto no debe considerarse como un activo que deba repartirse como parte de la división de patrimonio.

Este argumento del esposo enfrenta el obstáculo de la posición arraigada en el estado de Indiana en dicho momento del caso Porter vs Porter (1988), donde la Corte de Apelación había determinado que el goodwill o fondo de comercio de una práctica profesional formaba parte de la propiedad divisible en un proceso de divorcio, sin hacer distinción alguna entre fondo de comercio personal y fondo de comercio empresarial.

Ponderación del caso.

En Yoon vs. Yoon, la Corte Suprema de Indiana comenzó por reconocer la distinción entre fondo de comercio empresarial y fondo de comercio personal:

El fondo de comercio en una práctica profesional puede ser atribuible a la propia empresa en virtud de sus acuerdos existentes con proveedores, clientes u otros, y su futura base de clientes que se deba a factores atribuibles al negocio. También puede ser atribuible a la habilidad, formación o reputación personal del propietario individual. Esta distinción a veces se refleja en el uso del término “fondo de comercio empresarial”, en contraposición a “fondo de comercio personal”.

También determinó que el “poder adquisitivo personal” de las partes no es un activo divisible porque no se considera como propiedad marital, pero si reconoció que puede contabilizarse como parte del potencial de ingresos de uno de los cónyuges en el cálculo de montos de manutención. En este sentido, se sumó a los estados norteamericanos2 que excluyen del patrimonio conyugal el fondo de comercio basado en los atributos personales del individuo.

Sobre la decisión arraigada en Indiana de Porter vs Porter, la alta corte desaprobó mezclar lo que es el fondo de comercio personal con lo que es el fondo de comercial empresarial en la valoración de una empresa o práctica profesional en una disolución marital. Sobre esto consideró, que antes de incluir el valor de un fondo de comercio de una empresa o práctica profesional en un patrimonio conyugal, un tribunal debe determinar qué parte del fondo de comercio es atribuible a la empresa y qué parte es atribuible al individuo.

Continuó indicando que si es atribuible al individuo, no es un activo divisible y se considera únicamente como una capacidad de generación de ingresos a futuro para fines de manutención. Es decir, el fondo de comercio personal no se incluye en la división de bienes, pero puede influir en la determinación de la manutención o pensión alimenticia.

El tribunal agregó que estas consideraciones no implican que el fondo de comercio de una práctica profesional de un individuo sea del todo personal, ya que pueden existir aspectos puramente empresariales que se distingan de los aportes personales de este. Como ejemplo de esto ofreció el caso de Cleary vs. Cleary (1991), donde la Corte de Apelación del estado de Indiana sostuvo que el fondo de comercio de una práctica médica era divisible cuando la práctica tenía una expectativa de patronaje público continuo basado en sus contratos exclusivos para proporcionar servicios de sala de emergencia a dos hospitales locales.

El fondo de comercio descrito en Cleary es un fondo de comercio empresarial porque la expectativa de patronaje futuro no se basa en la identidad ni habilidad de los médicos sino en los contratos de servicios exclusivos que eran atributos del negocio.

Decisión del tribunal en Yoon vs. Yoon.

En su decisión, el tribunal reiteró que la valoración acogida por el tribunal de primera instancia había sido la de la esposa, quien había contratado los servicios del experto James Alerding para valorar la práctica médica del esposo. Alerding concluyó que el valor de la práctica médica ascendía a US$2,519,366, de los cuales US$2,339,000 eran "el valor intangible del Dr. Jay M. Yoon sobre una base de valor intrínseco". Alerding testificó que el “valor intrínseco de la práctica” es el “valor de una práctica para el médico en contraposición al valor de la práctica como valor comercializable o de mercado”.

Según el testimonio de Alerding, este "valor intrínseco" es el valor de la práctica "para el médico". Con base en este testimonio, la Suprema Corte de Indiana procedió a equiparar el "valor intrínseco" mencionado por Alerding con el valor de la capacidad de ganancia futura del médico.

De ahí que concluyera que la división de propiedad realizada por el tribunal de primera instancia había incluido un valor atribuible a la capacidad de ganancia futura del esposo, lo que, bajo la ley del estado de Indiana, no es divisible. En consecuencia, revocó la decisión y la devolvió para una determinación del valor de la práctica atribuible al negocio sin la participación del esposo.

El dispositivo final de la sentencia termina leyendo: “en la medida en que el fondo de comercio de una práctica profesional se considere como “fondo de comercio personal", su valor debe considerarse en un proceso de disolución marital según lo establecido por el Código de Indiana § 31-1-11.5-11(c), que requiere que el tribunal considere la capacidad de ganancia de cada cónyuge si se desvía de la presunción de división equitativa, pero no será en sí mismo considerado como "propiedad" que deba dividirse. En la medida en que el fondo de comercio sea un fondo de comercio empresarial, si será divisible”.

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